La tabla es una serie estadística que muestra la evolución de la población rural española en cifras absolutas y relativas y la evolución de la población ocupada en las actividades agrarias en tantos por ciento respecto a la población ocupada, entre los años 1970 y 2007. La población rural es la que reside en municipios de menos de 10.000 habitantes. Dentro de ella se diferencia la población residente en municipios claramente rurales, con menos de 2.000 habitantes, y la población semiurbana, residente en municipios comprendidos entre los 2.000 y los 10.000 habitantes. Por su parte, la población ocupada en las actividades agrarias es la que tiene empleo en la agricultura, la ganadería, o la explotación forestal.
La causa principal de las escasas cifras de partida fue el éxodo rural ocurrido entre 1960 y 1975, motivado por la mecanización del campo y la atracción ejercida por la industria y los servicios urbanos, que provocó una pérdida de peso de la población rural en favor de la población urbana y una disminución de la población ocupada en las actividades agrarias respecto a la población ocupada en los sectores secundario y terciario. Sin embargo, como se aprecia en la tabla, a partir de 1981 el decrecimiento se desacelera como consecuencia de la crisis económica de 1975 que, al causar paro y dificultar el empleo en la industria, provocó un incremento de la agricultura a tiempo parcial.
Las tendencias a partir de 1990 son dobles. La población rural continúa descendiendo en cifras absolutas y relativas en los municipios rurales de menos de 2.000 habitantes, que coinciden en muchos casos con las áreas más desfavorecidas, afectadas por el crecimiento natural negativo y la emigración, ante la falta de rentabilidad agraria. En cambio, la población rural residente en municipios entre 2.000 y 10.000 habitantes, aunque sigue decreciendo en cifras relativas por el superior aumento de la población urbana, aumenta en cifras absolutas. Este hecho se debe a que en este grupo se incluyen la mayor parte de las áreas rurales dinámicas, que en unos casos han desarrollado actividades agrarias competitivas que han logrado retener a la población e incluso atraer inmigrantes extranjeros para realizar ciertas tareas; y en otros casos han implantado nuevas actividades procedentes de las ciudades que buscan precios más baratos o mayor calidad medioambiental, como segundas residencias o residencias principales; industrias; servicios y equipamientos. El crecimiento de estos municipios es el responsable del incremento de la población rural total a partir de 1991.
Por su parte, la población ocupada en las actividades agrarias continúa su descenso, aunque con menos intensidad que en épocas pasadas. Las causas son la jubilación de muchos agricultores mayores; los planes de prejubilación y el abandono de la actividad; y el abandono de muchas explotaciones agrarias poco rentables trabajadas a tiempo parcial. La cierta estabilización de esta tendencia en los últimos años puede estar motivada por las subvenciones concedidas por la política europea y española de desarrollo rural para evitar el despoblamiento rural y favorecer la instalación de jóvenes agricultores.
Las consecuencias del descenso de la población en los municipios rurales de menor tamaño y del abandono de la actividad son el despoblamiento y la posible desaparición de paisajes agrarios de gran valor histórico y cultural, junto a un deterioro del medio ambiente de la zona al faltar los cuidados dispensados tradicionalmente por la población rural. Por este motivo, la actual política de desarrollo rural favorece la permanencia de la población rural mediante la concesión de indemnizaciones compensatorias; la mejora de la competitividad de las explotaciones; la diversificación económica; y las ayudas a la instalación de jóvenes agricultores.
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