El gráfico lineal muestra el gasto español en I+D en porcentaje del PIB entre 1981 y 2007. La I+D incluye la investigación básica (es decir, trabajos experimentales o teóricos cuyo fin es adquirir nuevos conocimientos, sin estar dirigidos a una aplicación determinada), la investigación aplicada (trabajos originales con el fin de adquirir nuevos conocimientos aplicados a un objetivo práctico) y el desarrollo tecnológico (trabajos basados en los conocimientos existentes con vistas a la fabricación de nuevos materiales y productos o a la aplicación a procesos, sistemas y servicios, o bien a la mejora sustancial de los ya existentes).
En 1981 España partía de un nivel muy bajo en cuanto a gasto en I+D, un 0,6% del PIB. Desde entonces, coincidiendo con la entrada en la Comunidad Económica Europea en 1986 y hasta 1993 se produjo un incremento encaminado a lograr que el gasto alcanzase al menos el 1% del PIB. Sin embargo, entre 1993 y 1997, se interrumpió el esfuerzo creciente, debido a la crisis económica de principios de la década de 1990, que alcanzó su peor momento en 1993, y a la necesidad de disminuir el gasto público para poder cumplir con los criterios de convergencia establecidos en el Tratado de Maastricht en cuanto a déficit público para poder acceder a la Unión Económica y Monetaria. A partir de 1997 se ha recuperado la tendencia al incremento del gasto en I+D. Con ello se pretende incrementar la competitividad de la industria española y cumplir con los objetivos establecidos por la UE en la llamada Estrategia de Lisboa (2000) que se propone llegar a ser, en 2010, la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, elevando el gaso en I+D al 3% del PIB.
No obstante, el gasto español en I+D contrasta claramente con las cifras más elevadas de otros países del entorno, –como Alemania y Francia– y con las de otros países desarrollados como Estados Unidos y Japón–. Este hecho tiene importantes repercusiones, pues está en la base del retraso tecnológico español y hace que se mantenga la dependencia externa en investigación y tecnología, obligando a recurrir a la compra de patentes. Todo ello supone altos costes, que redundan en la menor competitividad de los productos industriales españoles; limitan las exportaciones, dado en muchas ocasiones las patentes se conceden solo para el mercado interior; y originan un déficit permanente en la balanza de pagos tecnológica.
La tabla indica que del total de gastos en I+D, el 55,1% corresponde a la industria. Los sectores con más gasto son el químico, transportes y productos farmacéuticos. El mapa muestra la distribución espacial del gasto en I+D de las comunidades autónomas españolas en 2006, mediante colores, tanto más intensos cuanto mayor es la inversión.
La I+D incluye la investigación básica (es decir, trabajos experimentales o teóricos cuyo fin es adquirir nuevos conocimientos, sin estar dirigidos a una aplicación determinada), la investigación aplicada (trabajos originales con el fin de adquirir nuevos conocimientos aplicados a un objetivo práctico) y el desarrollo tecnológico (trabajos basados en los conocimientos existentes con vistas a la fabricación de nuevos materiales y productos o a la aplicación a procesos, sistemas y servicios, o bien a la mejora sustancial de los ya existentes).
El reparto espacial del gasto muestra una gran concentración en las áreas industriales más desarrolladas: Madrid y Cataluña reúnen más del 50% de la inversión. A continuación se sitúan Andalucía, que ha realizado un gran esfuerzo inversor en los últimos años, el País Vasco y la Comunidad Valenciana. En el resto de las comunidades autónomas, el gasto en I+D es mucho más reducido.
Las consecuencias de este hecho son el atraso tecnológico y la consiguiente dependencia de la compra de patentes y tecnología en el exterior. El retraso en I+D de las comunidades menos industrializadas actúa a su vez como freno para el desarrollo industrial, dado que en la actualidad, la innovación resulta esencial para la industria y para aumentar el valor añadido de sus productos.
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